Maya
Perfil
La mayoría de los pueblos indígenas de Guatemala son de ascendencia maya. Los mayas de Guatemala son la única cultura indígena que constituye la mayoría de la población en una república centroamericana. Hay 21 comunidades mayas diferentes en Guatemala, que se calcula que constituyen el 51% de la población nacional.
Los mayas están dispersos por toda Guatemala, especialmente en el altiplano occidental. Las mayores poblaciones se encuentran en los departamentos rurales del norte y el oeste de la ciudad de Guatemala, sobre todo en Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán y Quiché. Los mayas también se encuentran en las granjas de la zona sur de Guatemala, conocida como Boca Costa.
Un número cada vez mayor de mayas de distintas clases sociales vive en todas las ciudades de Guatemala, así como en Belice, Honduras y, sobre todo, México.
Los grupos mayas se distinguen por el idioma. Las más comunes de las aproximadamente 26 lenguas indígenas mayas que aún se hablan son el Q’eqchi’, el Cakchiquel, el Mam (maya), el Tzutujil, el Achi y el Pokoman.
Contexto histórico
Precolombino
La historia maya muestra fuertes evidencias de conexiones con la más antigua civilización olmeca (Xhi) del sur de Veracruz en México.
Las «fronteras» físicas del antiguo imperio maya abarcaban los países de la actual Guatemala, Belice , las partes occidentales de Honduras y El Salvador, y los cinco estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas.
Un grupo de mayas llamado los huaxtecas se separó en la antigüedad y se estableció fuera de esta área geográfica. Hubo otros 28 grupos étnicos cuyos nombres corresponden a sus lenguas. Estos son los Mam, Yucateco, Chorti Itza, Lacandón, Mopan, Chontal, Chol, Cholti, Tzotzil, Tzeltal, Coxoh, Tojolabal, Chuj, Jacaltec, Kanhobal, Mocho, Tuzantec, Aguacateca, Ixil, Quiche, Tzutuhil, Cakchiquel, Uspantec, Achi, Pocomchi, Kekchi y Pocomam.
Los antiguos mayas desarrollaron una sociedad basada en la agricultura (maíz, frijoles y tubérculos) complementada con la caza silvestre y el pescado capturado en ríos, lagos y océanos. Las antiguas ciudades mayas estaban densamente pobladas. Establecieron redes de producción y comercio de gran alcance, así como templos y centros religiosos, y desarrollaron la escritura, las matemáticas y la astronomía, que les permitían vigilar otros planetas y predecir eclipses.
Edad contemporánea
Si bien la civilización maya ya se encontraba en un prolongado paréntesis cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, la invasión provocó un rápido declive. Esto ocurrió mediante el despojo de tierras y la utilización de los mayas para trabajos forzados en las plantaciones de cacao y añil.
Los líderes mayas se refieren hoy a las masacres de la década de 1980 como el «tercer holocausto», siendo los otros dos la conquista española y sus secuelas, y el despojo de tierras durante la revolución liberal del siglo XIX. La gran mayoría maya autoidentificada se mantiene en parte gracias a la capacidad del grupo para asimilar las influencias culturales y religiosas. Esto se debe en parte a la coherencia interna de las comunidades mayas en su acercamiento al mundo exterior, y también al importante proceso de resistencia cultural que la comunidad sigue ejerciendo.
En la década de 1960 surgieron en Guatemala movimientos sociales que reclamaban tierras y salarios justos en las tierras altas mayas y en las grandes fincas de la costa sur. La represión a la que se enfrentó el movimiento quedó ejemplificada con el incendio de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, cuando un grupo de 39 líderes mayas se refugió en su interior. Esto creó un terreno fértil para el reclutamiento de la insurgencia armada bajo el paraguas de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG).
La respuesta del Estado, en forma de campañas de contrainsurgencia del general Ríos Montt y la posterior militarización de la zona, causó casi 200.000 muertos, creó más de 200.000 refugiados en México y un millón de desplazados internos dentro del país. Estas acciones fueron posteriormente definidas como genocidas por la comisión de la verdad patrocinada por las Naciones Unidas.
El retorno al gobierno civil creó un estado con menos discriminación formal. Sin embargo, la legislación discriminatoria contra las mujeres seguía existiendo y la discriminación de facto continuaba excluyendo a las comunidades mayas de los sistemas legales, políticos, económicos y sociales de Guatemala. En muchas zonas mayas, la militarización como consecuencia del conflicto armado dejó al ejército como la única institución visible del Estado, aparte de la Iglesia católica.
Reconciliación
El artículo 66 de la Constitución de 1985 reconocía la existencia de grupos mayas y disponía que el Estado respetara sus derechos a utilizar las lenguas indígenas, la vestimenta tradicional, las costumbres y las formas de organización social. El artículo 70 pedía una ley que estableciera las normas relativas a las cuestiones indígenas.
Sin embargo, 10 años después de la introducción de la Constitución, no se había promulgado la ley necesaria. Además, con la ley electoral vigente, los mayas no tenían oportunidad de organizarse políticamente. Durante 1992, hubo alguna esperanza de que el Congreso pudiera ratificar el Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los pueblos indígenas, pero una serie de retrasos y un breve golpe de estado en 1993 pusieron fin al proceso.
La cultura maya siguió siendo denigrada por la élite política nacional, que estuvo implicada en su masacre. En los casos en que se hicieron concesiones, como en el limitado programa gubernamental de educación bilingüe, éstas estaban más destinadas a asimilar a los mayas a la cultura nacional dominante, en este caso integrando a los niños mayas en el sistema educativo español existente.
Florecimiento cultural
A pesar de los niveles de discriminación y de los efectos negativos del conflicto armado interno de 1985-95, floreció un nuevo movimiento de organizaciones mayas, que incluía grupos de desarrollo de base local. Cuestiones como el derecho a la tierra, los derechos civiles y culturales, la educación bilingüe y el reconocimiento de las autoridades locales mayas se convirtieron en temas importantes. Además, las instituciones académicas e institutos de investigación mayas comenzaron a recopilar y documentar la historia de la civilización maya. Un símbolo clave del movimiento popular indígena fue la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1992 a la exiliada maya Rigoberta Menchú, que dio a toda la cuestión maya un mayor reconocimiento internacional y cierta protección local frente a la represión militar.
Estos acontecimientos obligaron a todas las partes del conflicto a modificar radicalmente sus percepciones respecto a los mayas. En marzo de 1995 se dio un paso importante con la firma de un acuerdo sobre derechos indígenas entre el gobierno y la guerrilla. La Coordinadora de Organizaciones Mayas de Guatemala (COPMAGUA), que agrupa a las organizaciones mayas, lo acogió con cautela y, posteriormente, presentó las propuestas de los Acuerdos de Paz a la Asamblea de Sectores Civiles para su discusión.
El acuerdo definía a la nación guatemalteca como «multiétnica, pluricultural y multilingüe», una definición que debía incorporarse a la Constitución. Prometía la introducción de legislación antidiscriminatoria y la aprobación por parte del Congreso del Convenio nº 169 de la OIT.
También acordó una serie de medidas para aumentar la participación de los mayas en la sociedad, incluyendo la promoción de la educación bilingüe en todos los niveles del sistema educativo estatal; el uso oficial de las lenguas indígenas dentro del sistema legal sancionado a través de las organizaciones de asistencia legal indígena; la formación de jueces e intérpretes bilingües y la provisión de servicios especiales de defensa legal para las mujeres indígenas. Además, se comprometió con el principio de autonomía municipal mediante un acuerdo para reformar el código municipal y fortalecer a las autoridades mayas.
En 1996, Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT y en mayo de 1999 se celebró un referéndum nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas que proponía cambios en cuatro puntos de la Constitución. Hubo críticas relativas a la intimidación de los votantes y a las campañas abiertamente racistas, que pueden haber afectado al resultado. Al final, la propuesta sobre la pluralidad cultural y lingüística fue derrotada al recibir el apoyo de sólo el 43% de los votantes, que a su vez representaban apenas el 19% del total del electorado.
Derechos humanos, política y participación
En 2002 y 2003 volvieron a aumentar las amenazas de muerte y los secuestros contra líderes de derechos humanos e indígenas. Esto afectó especialmente a los activistas que trabajaban para llevar a juicio a funcionarios del gobierno y oficiales militares por atrocidades relacionadas con la guerra civil, y hubo informes dispersos de asesinatos de líderes indígenas y de derechos humanos.
Mucha de esta actividad se atribuyó a la reactivación de grupos relacionados con la campaña electoral de 2003 del candidato presidencial, el general Efraín Ríos Montt, fundador del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que fue el dictador de Guatemala durante el período 1982-83.
La aplastante derrota del general Montt en las elecciones presidenciales de noviembre de 2003 ofreció lo que los activistas consideraron una oportunidad menos que ideal, pero sin embargo mejor, de estabilización y democracia.
Las prácticas sociales históricas y la apatía del gobierno siguen dando lugar a la exclusión política de los indígenas, incluido el acceso limitado a la administración pública y a los altos cargos públicos.
Aunque la ley constitucional permite el sufragio universal, los derechos de voto de los indígenas siguen estando limitados por prácticas sociales excluyentes. Éstas incluyen tediosos requisitos de registro de votantes, elecciones programadas durante la temporada de cosecha y transporte inadecuado, todo lo cual sirve para limitar el número de personas que realmente votan.
También se refleja en las restricciones con respecto a la búsqueda de elecciones. Los partidos políticos nacionales restringen la elección de sus miembros indígenas a puestos de liderazgo en la estructura interna del partido, excluyéndolos de hecho de la arena política más amplia.
Aunque los pueblos indígenas están infrarrepresentados y excluidos de la vida política y de la toma de decisiones en todo el país, a pesar de representar al menos el 40% de la población, suelen tener más representación en el gobierno local. Sin embargo, los principales partidos políticos y las autoridades locales siguen excluyendo a los pueblos indígenas de sus estructuras y no defienden sus demandas y derechos. El único partido político indígena existente, Winaq, suele obtener sólo alrededor del 3,5% de los votos y cuenta con recursos financieros limitados.
Cuestiones actuales
Derechos sociales y económicos
En realidad, aparte de las escasas políticas correctoras de los últimos años y el surgimiento gradual de un clima ligeramente más tolerante, poco se ha concretado para mejorar la suerte de la población indígena tras el fin de la guerra civil de 36 años.
A pesar del acuerdo de 1996 para promover los derechos culturales y sociales de los indígenas, la libre expresión de la religión, la lengua y otros factores de los mayas sigue viéndose obstaculizada por la escasez de recursos y la falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes y aplicar los acuerdos de paz de 1996.
Los indígenas guatemaltecos siguen teniendo una serie de reclamaciones clave. Entre ellas, la protección, la redistribución y el acceso a la tierra, y la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo. Menos del 1% de los productores agrícolas orientados a la exportación siguen controlando el 75% de las mejores tierras, por lo que los indígenas siguen buscando trabajo asalariado a través de la migración estacional interna y externa.
Otras cuestiones persistentes son la falta de apoyo constitucional a los derechos civiles y al estatus de los indígenas; la localización e identificación de las personas indígenas desaparecidas o muertas desde el conflicto armado interno; el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y los abusos de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil; el derecho a enseñar, publicar y tratar con el gobierno en lenguas indígenas; servicios policiales menos discriminatorios; mayores derechos políticos en sus propias comunidades; el acceso a la justicia, incluido el derecho a administrar la justicia indígena; y una mayor participación en la toma de decisiones del Estado central.
Las limitaciones legales
La discriminación también continúa en las restricciones a los derechos de los pueblos indígenas en los procesos judiciales. Muchos mayas siguen siendo juzgados en español, aunque no hablen el idioma. Esto se debe a la escasez de jueces y/o intérpretes bilingües. En la práctica, se forman o contratan muy pocos intérpretes; en consecuencia, en algunas localidades se ignoran las disposiciones que exigen la presencia de un intérprete debidamente cualificado.
Los esfuerzos del gobierno por reconocer y enjuiciar los abusos contra los derechos humanos, incluida su cooperación con una «comisión de la verdad» patrocinada por la ONU, se han visto empañados por las acusaciones de corrupción judicial, evidenciadas por las leves sentencias de los casos de derechos humanos. No obstante, la detención y el enjuiciamiento del ex presidente Ríos Montt, responsable de la matanza masiva de indígenas guatemaltecos a principios de la década de 1980, aunque en repetidas ocasiones no ha sido concluyente, parece ofrecer algunos avances hacia la consecución de una justicia largamente retrasada para las víctimas de la guerra civil.
En los últimos años se han producido otros avances positivos para las comunidades minoritarias e indígenas en lo que respecta a abordar las causas fundamentales de la impunidad en Guatemala. Estos incluyen la investigación y el enjuiciamiento de varios perpetradores, resultado de un esfuerzo de colaboración por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas y la Oficina del Fiscal General. En junio de 2014, se detuvo a dos ex militares en un caso relacionado con las agresiones sexuales a 15 mujeres mayas q’eqchi’ en 1982 en Zarco, y poco después se detuvo a tres ex policías en relación con el asesinato en 1990 de Myrna Mack, una antropóloga que trabajaba y defendía los derechos de los pueblos indígenas.
También se avanzó en la reparación de miles de indígenas mayas achíes y sus familiares que fueron desplazados o masacrados por la construcción de la presa de Chixoy en la década de 1980. Tras una ley aprobada en enero de 2014 por el Congreso de Estados Unidos que negaba la ayuda financiera a Guatemala a menos que aplicara reparaciones para los afectados por la presa, el presidente Otto Pérez Molina pidió perdón públicamente a las víctimas y firmó un acuerdo para ejecutar un plan de reparaciones para las comunidades indígenas afectadas. El plan tiene un presupuesto de 154 millones de dólares e incluye la construcción de viviendas, infraestructuras y otros servicios para las comunidades afectadas, así como la restitución de tierras. Este caso sienta un precedente histórico para reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante las últimas décadas, así como los conflictos territoriales actuales. Además, en agosto de 2014, un tribunal local de Sipicapa dictaminó que los permisos y las actividades mineras son ilegales si las comunidades locales no han recibido información ni han sido consultadas. Esta sentencia sentó precedentes legales para los movimientos indígenas que defienden sus derechos sobre la tierra.
Limitaciones culturales
Actualmente no existe un reconocimiento oficial de la cultura maya como tal. El término «pueblo maya», consagrado por el Acuerdo de 1995, todavía no se utiliza ampliamente en las comunidades rurales; sin embargo, se toma nota de ello en los artículos 42, 58 y 62 de la Constitución.
Muchos pueblos indígenas consideran que el uso por parte del gobierno de los terrenos sagrados (las llamadas «ruinas mayas») como destinos turísticos rentables es una afrenta a sus derechos espirituales. No hay acceso libre a estos lugares sagrados para los indígenas guatemaltecos y no hay una política gubernamental que garantice la preservación o protección a largo plazo de los lugares ceremoniales como reservas arqueológicas.
Aunque hay una legislación que protege la vestimenta indígena en las escuelas públicas y privadas, los funcionarios de las escuelas individuales tienen derecho a aplicar sus propios códigos de vestimenta específicos para los no mayas. Además, las mujeres mayas con vestimenta tradicional, independientemente de su nivel de ingresos, siguen siendo discriminadas en todas las esferas de la vida social.
También existe una continua oposición a la educación bilingüe obligatoria mostrada por los maestros en ciertas zonas indígenas. Esto significa que incluso los niños que viven en municipios densamente indígenas siguen recibiendo la enseñanza en español.
Se espera que el creciente número de profesionales indígenas de nivel medio, como maestros, enfermeras, personal de ONG y personal técnico en diversos campos, y un número cada vez mayor de estudiantes universitarios empiecen a tener un efecto creciente en el logro de los derechos de los pueblos indígenas.
Control de recursos
Uno de los principales problemas que afectan a las comunidades mayas es la creciente actividad de la industria minera.
Según Rights Action, una ONG con sede en EE.UU. que apoya los esfuerzos de recuperación de tierras indígenas, los manifestantes de la aldea maya q’eqchi’ de Chichipate, situada encima de un gran yacimiento de níquel, han denunciado la complicidad de la empresa minera en el desalojo forzoso de los residentes indígenas para comenzar la construcción de la mina. Las comunidades indígenas, así como los ecologistas, también están preocupados por el daño y la contaminación de las fuentes de agua debido al uso del agua del cercano lago Izabal para enfriar los hornos de fundición de níquel a un ritmo de 200 litros por segundo. Los enfrentamientos durante una protesta en mayo de 2017 se saldaron con un muerto y seis heridos; los pescadores artesanales afirman que el procesamiento de níquel ha contaminado las pesquerías locales.
El modelo de industria extractiva promovido por el gobierno guatemalteco y la construcción de proyectos de desarrollo a gran escala en tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades ha sido una fuente de disputas continuas con los movimientos de resistencia. Estos conflictos se ven agravados por el hecho de que los mecanismos legales existentes a disposición de las comunidades indígenas que buscan defender sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado no son herramientas eficaces para este fin. Los campesinos indígenas también se han visto envueltos en un creciente conflicto por la posesión de sus tierras. En 2013, la Secretaría de Asuntos Agrarios informó que casi el 60% de los demandantes de conflictos por la tierra eran agricultores indígenas.
La resistencia de las comunidades también ha llevado a la criminalización de respetados ancianos indígenas. En 2016, un grupo de 11 activistas maya mam fue detenido por la policía en la comunidad de San Pablo, en el departamento de San Marcos; entre ellos se encontraba la principal autoridad ancestral Tata Oscar Sánchez Morales. Protestaban contra la presa hidroeléctrica de Hidrosalá, que, según afirman, fue autorizada sin el consentimiento de su comunidad. Oscar Sánchez fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario tras dos meses de detención; su detención provocó una protesta internacional. Los activistas locales informaron de que había unas 50 órdenes de detención pendientes contra los ancianos, lo que creó una atmósfera de miedo en la comunidad.
Migración
La larga guerra civil de Guatemala, los continuos conflictos relacionados con proyectos de desarrollo o de extracción a gran escala y la extrema pobreza rural han contribuido a la migración de los indígenas de las zonas rurales a las urbanas, principalmente a la ciudad de Guatemala. Esta migración ha añadido presión a un área metropolitana que históricamente ha carecido de políticas de planificación adecuadas, con una gran proporción -más del 40%- de la población de la ciudad viviendo en barrios marginales o chabolas. Siguiendo este patrón, los indígenas que emigran a Ciudad de Guatemala y a otras zonas urbanas se han establecido o asentado en espacios urbanos informales y no planificados o en barrios marginales que carecen de servicios públicos básicos adecuados, como el agua y la atención sanitaria, y que a menudo están situados en zonas peligrosas o inaccesibles.
Los indígenas de las zonas urbanas de Guatemala sufren altos niveles de discriminación y exclusión por su origen étnico, su forma de vestir y su idioma. Como muchos no hablan español y llevan sus ropas tradicionales, están marginados del mercado laboral formal, lo que limita sus oportunidades de acceder a la seguridad social y a unos mejores ingresos. Por ejemplo, según una estimación, el 80% de las criadas que trabajan en casas particulares son indígenas. Debido a su concentración en trabajos tan mal pagados, las familias indígenas de las zonas urbanas de Guatemala movilizan a todos sus miembros, incluidos los niños, para que trabajen.
Actualizado en enero de 2018